¿QUÉ ES UN TRIBUNAL DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES?

 ¿QUÉ ES UN TRIBUNAL DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES?

Algunos abogados constitucionalistas dicen que es, un tribunal establecido principalmente para apreciar la Constitucionalidad de las leyes, amparar los derechos individuales de las personas físicas y jurídicas del país, resolver los conflictos entre los poderes del Estado y regionales en el territorio nacional, y exigir responsabilidad penal para los encargados de ejercerlos, que no cumplen con las funciones que juraron hacer y defender.

Conforme a que los artículos  no. 184 y 185 de la Constitución del 2010, que crea y regula las atribuciones del Tribunal Constitucional, quienes no somos abogados nos preguntamos, si los procedimientos, organización y funcionamiento de este Tribunal, son similares o distintos en sus Modus Operandi, a los demás Tribunales que integran el Poder Judicial en el País.

El hecho de que sus decisiones sean definitivas e irrevocables, y constituyan precedentes vinculantes para todos los Órganos del Estado, parecería indicar, que sus decisiones no son tomadas, en base a escuchar  las partes en conflicto en el Tribunal, para que estas les presenten sus puntos de vistas, sobre los fundamentos constitucionales en que los accionantes basaron  sus acciones directas de inconstitucionalidad, contra un Decreto del Poder Ejecutivo o una Ley sometida al Congreso por el Poder Ejecutivo, cuyo objetivo era modificar la Constitución para poder reelegirse como Presidente de la República, así como los contra argumentos qué pudiere presentar el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo o el Presidente del Senado de la República, justificando las constitucionalidades de las normas impugnadas, a fin de que el  TC pueda utilizar esos argumentos para emitir sus sentencias. Aunque nos pareció que ese no debía ser el procedimiento a seguir por el Tribunal Constitucional, es posible que en nuestro país , el procedimiento a seguir, sea el que convenga al Poder Ejecutivo, nos obligó  a leer y releer las primeras 70 páginas de la Sentencia 224/17 y encontramos algunas consideraciones y procedimientos   que nos sorprendieron orientadas en esa dirección, las cuales trascribimos más adelante, pues  inducen a pensar, que el problema de República Dominicana no se resuelve modificando la Constitución, sino aplicando lo establecido en la Constitución, por las personas que en su condición de Jueces, fueron designados para ejercer tales funciones. ¿Califican para ejercer tales funciones los actuales “Jueces” del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, elegidos en función de sus militancias políticas, muchos de ellos sin experiencias como jueces en nuestros tribunales, elegidos en su mayoría sin que se haya examinado su historia de vida como abogados en ejercicio, o experiencias como jueces de carrera, reconocimiento público como jueces insobornables e imparciales, y, ciudadanos meritorios al servicio del interés nacional?

La República Dominicana es un país Presidencialista, en el que, si bien el Art. 4 de la Constitución del 2010 dice: Que el gobierno se divide en Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial y que esos poderes son independientes en el ejercicio de sus funciones; el hecho de que el Poder Ejecutivo tiene poder para nombrar a los familiares de los jueces del TC en la Administración Publica o de influir en sus designaciones en el Exterior , pues tiene patente de corso para manejar a voluntad todo el Presupuesto Nacional en beneficio de sus amigos, compañeros de partido o de aquellos que puedan serles útil en una coyuntura determinada como pudiera ser apoyar su reelección. En la práctica el Poder Judicial (incluyendo el TC), deja de ser un Poder independiente de hecho, por  la voluntad y motivación inducida  del Poder Ejecutivo, sea  cuando éste desea modificar la Constitución, para presentarse como Candidato a la Presidencia de la República por el Partido al cual pertenece. Convocar la ANR a que se refiere   la Ley 24/15, cuya “necesidad de modificación”, parecería que estuvo influenciada por la “necesidad que tenía Odebrecht”, de que el Presidente Medina permaneciera como Presidente de la República Dominicana durante el período 2016-2020, hasta tanto se definiera el caso Lavajato en Brasil.

Con Jueces como la mayoría que aprobó la sentencia No. TC 224/17, se puede comprobar, cómo el problema de la República Dominicana no se genera en la interpretación del texto constitucional; sino en los intereses (internos y externos) que subyacen en la “interpretación interesada” y la “aplicación inducida” que motiva a la mayoría de los Jueces de ese Tribunal, a apoyarse en la Jurisprudencia política y partidista del Presidente del Senado (Secretario General del PLD, miembro del Grupo Danilo, y enlace fundamental entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo), el cual al ser consultado por el TC en relación a la constitucionalidad de la Ley 24/15 (no la violación del Art. 124 sin recurrir al Referendo a que se refiere el Art. 272), aprovecho la oportunidad para recordarle a los Jueces del TC,  al solicitarle el TC al Senado de la República: ¿Cuáles eran las opiniones de las autoridades de las cuales emano la Ley  impugnada?. En este caso el Congreso Nacional, cuyo Presidente es Secretario General del PLD,  reeleccionista confeso, y opuesto a los Referendos Aprobatorios constitucionales.

1)    Dice el Presidente del Senado (pág. 26-final) literal f): Que la acción directa en inconstitucionalidad por inobservancia del Referendo, en el caso que nos ocupa, solo es una acción contra la Ley (en apariencia), pues lo que en realidad se persigue es, impedir un proceso de Reforma Constitucional sobre la base de un error (la creencia de que la misma, ¨la reforma¨ debe ser ratificada por un referendo aprobatorio). Lo cual para el significa, que lo que dice el Art. 272, constituye un error garrafal, en cuanto a su interpretación de la Constitución.

2)    En el literal g): El Presidente del Senado afirma: Que la FNP más bien formula planteamientos aéreos, sobre figuras jurídicas que como el Referendo, no puede ser parte de la Ley (simplemente porque no le conviene al PLD), incorporar al Referendo dentro de la Ley que declara la necesidad de la Reforma Constitucional, con la idea de que con esos supuestos fundamentos, el Tribunal  declare la inconstitucionalidad de la ley impugnada, cuando él sabía muy bien y así lo reconocía, que lo que se cuestionaba no era, que no se modificara el Art. 124, sino que no se hiciera conforme a la Constitución.

      Lo que nosotros, los ingenuos  nos preguntamos es:

      a)    Si Danilo ganaba con más del 62% de los votos a emitir por los electores según Encuestas, ¿Por cuáles razones no se modificó la Constitución como ella indica (Art. 267) y se recurría al Referendo a que se refiere el Art. 272)?, el cual no iba a impedir la reelección deseada, pues  Danilo tenía el 62% de la intención de votos.

      b)    Con o sin razón, y eso lo sabe tanto el PLD como la FNP, que para modificar la Constitución y convocar a una Asamblea Nacional Revisora,  necesariamente según la Constitución, había que hacerlo mediante una Ley. Eso no es lo que se cuestionaba, sino el desconocimiento de lo que indica la Constitución. Lo que no sabíamos era, que la presión, necesidad y urgencia se debía a la investigación de Odebrecht en Brasil.

      c)    En el literal j), (pág. 27): El Presidente del Senado le dice al TC: Que en 1er. lugar constituye un ataque (de la FNP), no a la Ley de Convocatoria, sino al posible contenido de la Reforma Constitucional.

             Entonces Sr. Presidente del Senado, bastaba convocar al Referendo a que se refiere el Art. 272, y el Sr. Danilo Medina sería reelegido como indicaba la Constitución y se fortalecía la primacía  constitucional y el correcto accionar del TC. Si se hubiera hecho de ese modo, no hubiera habido acciones directas de inconstitucionalidad, pues es casi seguro que la FNP desconocía la investigaciones del caso Lavajato en Brasil, que afectaban a Odebrecht, la que posteriormente se vio  obligada a salir de Brasil, y  refugiarse  en nuestro país. ¿Por cuáles razones Sr. Presidente del Senado no se hizo esa modificación como debía hacerse, o es que ya Ustedes sabían el problema que enfrentaba esa empresa en su país?

      d)    En el literal k), (pág. 28): El Presidente del Senado plantea (tal vez sin proponérselo), que como él tiene una visión de “Democracia Representativa” y no participativa, lo democrático para los miembros de ese Congreso, donde los candidatos  a Senadores y Diputados de los distintos partidos, una vez son elegidos, usurpan el poder que les otorga el pueblo al elegirlos,  no se sienten obligados de rendir cuentas a nadie de sus acciones, aunque estas vayan en contra de los intereses de quienes lo eligieron.

             El Art. 2 de la Constitución vigente establece: Que la soberanía reside en el pueblo de quien emanan todos los poderes, los cuales se ejercen por medio de sus representantes o en forma directa. En el caso de la Constitución del 2010, se está en presencia de una Constitución mixta: Representativa para algunas modificaciones constitucionales por vías de Asambleas Nacionales Revisoras, y Participativas para otras modificaciones, las cuales requieren en este caso, además de la aprobación de la Ley de convocatoria de la Asamblea Nacional Revisora, de la “Ratificación” de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas con derecho electoral en “Referendo Aprobatorio” convocado al efecto por la Junta Central Electoral, una vez haya sido votada y aprobada por la Asamblea Nacional Revisora, conforme a lo indicado en el  Art. 272 de la Constitución del año 2010.

      e)    En el literal l) (pág. 28): Para el Presidente del Senado se debe evitar: Que los “Representantes” (senadores y diputados) de las distintas demarcaciones en que fueron electos, puedan ser separados (debe explicar qué significa) de los cargos a que fueron elegidos, o que los “Representantes” tengan que votar de conformidad con las “instrucciones específicas que les dicten sus representados” (el pueblo), sin ningún margen de autonomía de criterio, pues no concibe, que lo que los miembros de la “Asamblea Nacional Revisora apruebe”, el pueblo deba “refrendarlo” mediante su aprobación mayoritaria en Referendo aprobatorio.

             Continúa diciendo el Presidente del Senado: algo muy distinto es la “formación de la voluntad partidaria”, la cual puede expresarse de “manera uniforme” en la deliberación legislativa, como parte de un proceso en la toma de decisiones sobre la base de consideraciones” políticas, ideológicas o de idoneidad en una coyuntura determinada (como la que obligaba la investigación en curso sobre el caso Odebrecht en Brasil, que posiblemente el país ignoraba en ese momento), no solo en cuento a sobornos ,sino también a financiamientos de candidatos.

             Y sigue pontificando el miembro del Comité Político del PLD, Secretario General de ese Partido, Presidente del Senado, además  perteneciente al grupo reeleccionista de Danilo, quien dice: Es muy común ver en los cuerpos legislativos, tanto en los regímenes presidenciales como parlamentarios (fundamentados en la Democracia Representativa), esto no lo dice, que los legisladores (representantes del pueblo) siguen lo que se denomina la “línea partidaria” en relación a determinados temas de alto interés para esos partidos (como lo era y fue el caso de la “necesidad de reformar la Constitución en su artículo 124, aunque para ello fuera necesario violar la Constitución), pues la firma Odebrecht necesitaba a su amigo Danilo, como Presidente de República Dominicana durante el período 2016-2020, lugar al cual había trasladado esa Empresa sus “Operaciones Estructuradas” desde Brasil, pues en su país estaban siendo investigados por actos de sobornos y corrupción generalizada, tanto en Latino América como en África.

             Continúa motivando el Presidente del Senado las razones y fundamentos en que debe apoyarse la sentencia 224/17 del TC, en relación a la modificación del Art. 124, que prohíbe la reelección para el período 2016-2020 del Presidente Medina, según la Constitución vigente.

En el caso que nos ocupa, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), llegó a la decisión, luego de un proceso interno “complejo” y altamente “contencioso”, de aunar “voluntad” para promover la “Reforma de la Constitución” para cambiar el modelo de reelección presidencial, sin que el país imaginara el  porqué de esa manera, y terminaba diciendo el Secretario General del PLD y también Presidente del Senado.

“Se podrá estar de acuerdo o no, ya sea con el modelo adoptado (observar que para ese Señor no cuenta para nada si se viola la Constitución), o con el momento en que se hizo, pero este es un tema “POLÍTICO” que tiene otra forma de expresarse (manipulando se induce) la “Opinión Pública”, pero no en este Tribunal Constitucional, bajo la cobertura engañosa de violaciones constitucionales (que él dice) que no se han producido, (lo cual no piensan así los Jueces disidentes, y en menor medida los que salvaron sus votos), además de que necesitaron casi 1 año, para convencer a 9 jueces del TC, para que firmaran apoyando la sentencia 224/17, lo que en nuestro país puede considerarse, como un “Record Nacional de Resistencia” al Poder Ejecutivo y toda su estructura de “Poder mediático y económico”, por un pequeño grupo de jueces, muchos de ellos con militancia política  que se negaban a firmar una sentencia obscena y perversa, la que terminaría desacreditando a un Tribunal, que fue creado conforme al Art. 184: Para “garantizar” la Supremacía de la Constitución, la “defensa” del Orden Constitucional y “Proteger” los derechos fundamentales de los nacionales dominicanos.

La sentencia 224/17 fue y es: POLÍTICA y PARTIDARIA y es una lástima que la haya tenido que emitir un Tribunal Constitucional, que fue creado para evitar que ese tipo de violaciones se produjeran, si los miembros que finalmente la apoyaron, hubieran ejercido responsablemente las funciones para la cual fueron designados.

En tiempos de Hammurabi (unos 1750 años A.C.), el Art. 5 de su Código establecía: Penalidades a aquellos jueces que al emitir sentencias, (y se les probara a posteriori, que habían cambiado el espíritu de la Ley, ya sea porque modificaron, acomodaron o tranzaran sus contenidos. Además aquellos jueces estaban sujetos a que después de emitir tales sentencias, estas les podían ser revisadas y debían responder  posteriormente por las sentencias emitidas.

Para modificar el Art. 124 de la Constitución del 2010, no solo era necesario iniciar el procedimiento de modificación de la Constitución, mediante la aprobación de una Ley de Convocatoria de la Asamblea Nacional Revisora; sino que fue necesario además, para alcanzar ese objetivo, plantear y apoyar  la “Reelección por Reelección”, donde todos los miembros del Congreso serían reelegidos, incluyendo también algunos  miembros de la JCE, TSE y TC, ‘ ver declaraciones del Presidente del Senado en el periódico HOY DE FECHA 10 MAYO DEL 2016 y para que el control  fuera total, también el PLD ofertó a los demás partidos, hacer: un “Gobierno Compartido”. Así de necesario se planteó la reelección del Presidente Medina durante el período 2016-2020. Y aunque en el origen de esa modificación constitucional no se supiera, ni hoy se quiera admitir, Odebrecht  pudo haber financiado  la  reelección Presidencial y también las reelecciones de Senadores y Diputados, quienes a su vez designan los Jueces de las Altas Cortes.

Para el Presidente del Senado, la necesidad de esa reforma es el resultado de una decisión política (gracias a Dios que eso lo dijo un reeleccionista y esas declaraciones aparecen en el cuerpo de la sentencia 224/17), la cual se tramito mediante una Ley. Y de nuevo vuelve a repetir el Funcionario reeleccionista consultado por el TC: Que se podrá estar o no de acuerdo con la decisión que adoptó la mayoría de los representantes del pueblo sobre esa cuestión, (pero esa es una cuestión a ser llevada al debate parlamentario o a la opinión pública – no importa si la opinión pública es manipulada a través de los medios de comunicación escritos y electrónicos–), nunca al plano jurisdiccional. Es decir: Que la “declaratoria de la necesidad de una Reforma Constitucional, (es un hecho político expresado a través de una Ley), apoyada por una mayoría inducida y posiblemente estimulada económicamente , que según este reeleccionista ,  escapa totalmente al control constitucional, SOSTIENE  el Pontífice Pared Pérez (pues para él esa Ley está por encima de la Constitución), ya que es del interés de un Presidente, el que  Odebrecht desea que permanezca en el poder , así como también los miembros del Congreso y los jueces de las Altas Cortes , INCLUYENDO LA MAYORIA DE LOS MIEMBROS DEL TC. Las razones se empezaron a conocer, cuando exploto el caso Lavajato en Brasil, que termino afectando las elecciones en Rep.Dom.

El Presidente del Senado que hace tales declaraciones, es la misma persona que el día 10 de diciembre del 2013, recibió del Dr. Roberto Rosario Marques, Presidente de la JCE, un Proyecto de Ley de Referendo, como aparece reseñado en los periódicos nacionales de esos días, y luego emite una “Certificación” a través de la Secretaría General Legislativa del Senado, en la que dice lo siguiente, el 12 de noviembre del 2015.

“Hacemos constar que después de realizar una búsqueda minuciosa en el Sistema de Información Legislativa del Senado de la República, “Certificamos” que no existe “iniciativa” que regule el “Referendo Aprobatorio Constitucional” sometido por la Junta Central Electoral”.

Del texto de la certificación anterior se infiere, que la JCE no tiene autoridad para asumir una INICIATIVA tendente a introducir en el CONGRESO NACIONAL un proyecto de Ley de Referendo como el que le entrego el Presidente de la Junta Central Electoral el 10 Diciembre 2013.

Este señor es el mismo, que habiendo recibido de la Cámara de Diputados la iniciativa del Lic. Carlos Gabriel García No. 04550/2010-2016-CD, aprobado por la cámara de Diputados y enviado al Senado de la República como Proyecto de Ley de Referendo, el que fue aprobado en 2 lecturas en dicha Cámara de Diputados, bajo registro No. 01263 del 17/12/13, auditado el 8/1(14, firmado por el Presidente de la CD y Secretarios el 10/1/14, Certificado el 10/1/14 y despachado al Senado mediante Oficio No. 00009 el 107/1/14, con aviso al Presidente de la Comisión Permanente de Justicia mediante Oficio No. 00011 el 10/1/14. No solo lo dejó “Perimir” en el Senado al término de la 1ra. Legislatura Ordinaria del 2014,  así como  tampoco lo reintrodujo  para discusión y aprobación en la próxima legislatura, aunque el Lic. Carlos Gabriel García solicitó su reintroducción para fines de aprobación.

De manera que en el Senado que dirigió el Dr. Reynaldo Pared Pérez; entre 2010-2015, desaparecieron entre otros, 2 proyectos de Ley de Referendos, uno de ellos aprobado previamente en la Cámara de Diputados. Lo anterior demuestra que al Presidente del Senado no le interesaba que se aprobara una Ley de Referendo como indicaba el Art. 272 de la Constitución del año 2010, ¿quién sabe por cuáles razones?

Mientras el interés nacional no prevalezca sobre el interés de los partidos, candidatos electos (senadores y diputados), presidentes de la República que presionan desde el Poder Ejecutivo para reelegirse, o jueces de las Altas Cortes, (incluyendo los miembros del TC), que no consideran una misión sagrada, servir a los mejores intereses de su Patria desde los cargos en que fueron designados. Mientras no se den esas condiciones o aparezcan funcionarios dispuestos a hacer cumplir la Constitución y las leyes, porque no les interesan los patrimonios mal habidos, pues prefieren servir mejor  a la Patria, se continuara, a voluntad del Poder Ejecutivo, a modificar la Constitución cuantas veces sea necesario, cuando existan coyunturas tipo Odebrecht, a fin de reelegirse indefinidamente por conveniencias económicas,  mientras QUIENES DEBEN CONTROLARLOS LO PERMITAN, naturalmente, haciéndose cómplices de la violación constitucional y de los sobornos y actos de  corrupción que eso generaría , en una sociedad indolente y servil como la nuestra,donde lo ético y moral es una debilidad de pendejos, en la que están de acuerdo el sector público y el sector privado, incluyendo las cúpulas de las Iglesias Cristianas y muchos de sus miembros.

 Los responsables de convertirnos en un Estado casi fallido, al que se nos ha estado empujando desde 1996, son los políticos del PRSC, PLD, PRD y muchos de los partidos minoritarios aliados de aquellos mayoritarios, así como los grupos económicos de poder, a  quienes solo les importa  el dinero, no la defensa del interés nacional.

De maneras, que si el país no reacciona ahora,  y antes del 2020 no nos  deshacemos de estas basuras políticas corruptas, protegidos por una impunidad fortalecida  a partir de 1916, impuesta y soportada por la población durante un periodo tan largo, mañana podría ser muy tarde para desmontar tanta corrupción e impunidad, ahora organizada como mafia política por el PLD.

 O extirpamos la corrupción e impunidad existente en la actualidad, o pereceremos como Estado-Nación. La sociedad dominicana debe elegir el camino correcto, empezando por deslegitimar públicamente al Presidente Medina, reelegido mediante fraude el 20 mayo 2016, utilizando   procedimientos antidemocráticos, muy cuestionados y al parecer non santos.

De los supuestos 3 Poderes independientes del Estado, le corresponde al Poder Judicial controlar los otros 2 y también sancionarlos, cuando ellos violen la Constitución y las Leyes vigentes. A los Presidentes y a los miembros del Congreso los elige el Pueblo, mientras que lamentablemente a los miembros del Poder Judicial los designa o impone el Poder Ejecutivo, y mientras más manejables puedan ser los designados, mejor les resultan a ese Poder convertido en mafioso durante los últimos años,  no al País.

En el futuro el problema podría resolverse, designando en la estructura del Poder Judicial a hombres, probos, imparciales, responsables, independientes, identificados con la aplicación de la Ley, con excelente formación académica, trayectoria ética y moral reconocida por las poblaciones donde han ejercido como Jueces, para quienes impartir justicia no es un negocio colateral. Sin embargo, aun cuando estos suizos no abundan en nuestro país, si existe voluntad en la población de que se mejore la calidad de la justicia que imparta el Poder Judicial, seguramente se encontraran personas adecuadas para ejercer tales funciones.

Que nadie se haga ilusión, de que se puede combatir la corrupción e impunidad existente en la actualidad, pidiendo la colaboración del gobierno de Estados Unidos, pues ellos son en parte el origen del problema. De la convención dominico-americana de 1911, escribió Federico García Godoy en su libro EL DERRUMBE, el cual fue impedido de circular y quemados todos los ejemplares que encontraron, en sus páginas se dice  cuanto sigue ; que si bien esa convención  ponía trabas a la DEUDA PUBLICA DOMINICANA , el gobierno de Estados Unidos había contribuido al acrecentamiento de ella , permitiendo la contratación de nuevos préstamos, para cancelar compromisos ficticios o exagerados por gobiernos pasados, además de ordenar pagar deudas fraudulentas, saqueando los fondos de Obras Públicas, tolerados y autorizados por quienes nos invadieron en 1916, tal como ahora también se está haciendo con pagos hechos a Odebrecht.

Si ese era el comportamientos de tales autoridades intervencionistas en el pasado, imagínense lo que ha estado sucediendo en los gobiernos de los Señores Leonel Fernández  y Danilo Medina entre 1996 y 2016, para quienes ENDEUDAR AL PAIS es un mecanismo que utilizan, pues  al afectar nuestra soberanía económica, contribuyen  con ello  al aceleramiento de fusión que Estados Unidos ha diseñado, para evitar tener más haitianos en su territorio, confinándolos ilegalmente en nuestro territorio, tal como sugiriera el Pte. Jefferson en 1901 .  De manera, que el endeudamiento y el esfuerzo que hace el gobierno para  regularizar y nacionalizar haitianos ilegales en nuestro país, violando además el Acuerdo de Washington de 1938, constituyen salvavidas y patentes de corso en favor de sus agentes en el país, que ellos convierten en Presidentes, para que puedan seguir operando impunemente en ese sentido, porque ambos están conscientes, de  que una vez hayan completado el trabajo que les encomendaron, serán protegidos por el gobierno de Estados Unidos, tal como hicieron con los miembros del SIM que asesinaron a las hermanas Mirabal en Noviembre de 1960, en lugar de deportarlos a nuestro país para ser juzgados y que dijeran quien o quienes les dieron la orden de matarlas y por qué.

Mientras los nacionales estadounidenses ignoren los abusos de poder  y violaciones al Derecho Internacional, la carta de la ONU y la de la OEA, que cometen  los Presidentes de Estados Unidos  contra las naciones pequeñas del mundo, las que interviene política, militar y económicamente ese poder hegemónico contra las naciones débiles, tales patentes de corsos continuaran funcionando en sus instancias de poder en Washington, para ser ejecutadas en nuestro territorio. Posiblemente, el día que los ciudadanos estadounidenses, decidan pedirles cuentas a sus Representantes en el Congresos por tales acciones,  los Organismos Internacionales podrán cumplir con los contenidos de sus Cartas Fundacionales. Por lo  menos eso esperamos los dominicanos y las demás naciones que como nosotros somos víctimas de tales abusos de poder.

RESPUESTAS DEL PODER EJECUTIVO a las “Disposiciones Vinculantes” de la Sentencia No. 168/13 del Tribunal Constitucional

RESPUESTAS DEL PODER EJECUTIVO

a las “Disposiciones Vinculantes” de la Sentencia No. 168/13 del Tribunal Constitucional

1º     Decreto No. 327/13, que elabora e instituye el “Reglamento” del Plan de Regularización de extranjeros (básicamente haitianos), en situación migratoria irregular en la República Dominicana.

2º     Ley No. 169/14, que establece un “Régimen Especial”, para personas nacidas en el territorio Nacional, inscritos irregularmente en el Registro Civil Dominicano y sobre naturalización.

3º     Comunicación No. 012313, de fecha 15 de mayo del 2014, dirigida al Sr. Abel Martínez Durán, Presidente de la Cámara de Diputados, por el Presidente de la República, motivando la aprobación de la Ley No. 169/14.

En razón de que comentar, cada uno de los Considerandos y Artículos del Decreto No. 327/13, Ley No. 169/14 y Párrafos de la Comunicación presentando dicha Ley, equivaldría a hacer un pequeño libro, el cual pocos leerían, me decidí por comentar solo los Considerandos, artículos y párrafos, que indican más claramente, los objetivos que expresan (directamente), la “desvinculación”, que de las “Disposiciones” 5ta. y 6ta. de la Sentencia No. 168/13, hizo el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional bajo presión del Poder Extranjero en el país (léase Embajada y USAID), así como algunos organismos de la ONU y OEA, en nombre de unos “Derechos Humanos”, que cuando se trata de respetar tales derechos, Estados Unidos, Canadá e Inglaterra invocan el Derecho Soberano que le asiste, para determinar, a quiénes aceptan como emigrantes legales en sus territorios (no ilegales), y a quiénes otorga su nacionalidad (hayan estos nacido o no en esos países), conforme a sus leyes migratorias o de naturalización en esa materia.

De manera que los juicios de valor que emitamos sobre ese particular, pretendemos fundamentarlos, en la violación de la Constitución vigente, independientemente de que si alguna persona, partido político o ONG’s nacional, se interesare en depositar: —Una acción directa de inconstitucionalidad, ante el TC; no nos sorprendería que las mismas podrían ser desestimadas (por la mayoría de los jueces de ese Tribunal), tal como hicieron con la modificación del Art. 124 (sin recurrir al Referendo que indicaba el Art. 272), y emitir un año después de recibir dichas instancias (la Sentencia No. 224/17), en la que fallaron la constitucionalidad de la Ley 24/15, en lugar de no fallar la modificación del Art. 124, para impedir la reelección del Presidente Medina, sin sentir vergüenza de que por 19^ava vez, se permitía modificar la Constitución, para permitir otra reelección inconstitucional.

El hecho de que la mayoría de los jueces del TC, fueron designados en su condición de peledeístas, para que cuando se presentaren esas coyunturas, votaran a favor de su partido y no a favor del interés nacional, nos impide tener confianza en su íntima convicción como jueces.

COMENTARIOS SOBRE “CONSIDERANDOS Y ARTÍCULOS

DEL DECRETO No. 327/13

PRIMER CONSIDERANDO:

Es cierto que el Art. 5 de la Constitución establece que ella se fundamenta: en la dignidad humana y en la “indisoluble unidad de la Nación”. Pero el Reglamento establecido por recomendación del Presidente Medina, en lugar de unir la Nación, la divide, la contamina, y este Decreto representa un paso previo, a la “fusión que el Poder Extranjero, le está imponiendo agilizar al Presidente Medina.

TERCER CONSIDERANDO:

Si bien es cierto también, que la Constitución dominicana establece en el Art. 25, Numeral 2: que los extranjeros tienen en la República Dominicana los mismos “derechos y deberes” que sus nacionales; habría que preguntarse, ¿Cree el Presidente de la República, que los ilegales haitianos creen que tienen deberes para con el Estado dominicano?, o ¿Que los dominicanos tienen en Haití, los mismos derechos y deberes que los haitianos aquí?

OCTAVO CONSIDERANDO:

Que el “Reglamento aprobado al “Plan Nacional de Regularización de extranjeros en situación migratoria irregular radicados en el país, se apoye en los derechos fundamentales de que trata la Constitución (traídos por los cabellos por el Presidente, sus asesores), y en Tratados Internacionales de Derechos Humanos ratificados por el Estado dominicano, pero no por Estados Unidos, ni tampoco se apoya (en el Acuerdo de Washington de 1938 y su Modus Operandi), suscrito por el gobierno haitiano, el dominicano y además por los gobiernos de Estados Unidos, México y Cuba como garantes del mismo, el cual fue sometido a la Comisión Permanente de la Unión Panamericana de conformidad con el Pacto Gondra, para fines de sanción definitiva, es más que suficiente para que el gobierno dominicano no lo ignore.

¿Por cuáles razones el Presidente Medina no se apoyó en ese Acuerdo, al emitir el Decreto No. 327/13 y la Ley No. 169/14, normas éstas que indujeron la elaboración de un Reglamento Antinacional, como indica el Decreto No. 327/13.

Art. 1º.– Objetivos del Decreto:

Si el objeto del Decreto No. 327/13 es: Conducir a los migrantes ilegales, (a adquirir un estatus de legalidad documental), bajo una de las categorías indicadas en la Ley de Migración 285/04, ¿por cuáles razones, el Reglamento elaborado por el “Consejo Nacional de Migración”, crea mayores facilidades a esos ilegales, que las indicadas en el Art. 181 de la Ley 285/04, conforme a lo señalado (en la Disposición 6ta.) de la Ley No. 168/13.

Art. 2º.– Definición de situación migratoria irregular:

Para el Presidente Medina, la situación migratoria irregular (se apoya y define en el hecho –de que los ilegales se encuentren habitando (“de manera estable y pacífica”) en el territorio nacional; independientemente de que hayan violado la Ley de Migración o que hayan sido registrados como dominicanos mediante declaraciones falsas o fraudes.

Art. 3º.– Duración del Plan:

Según este Decreto, el extranjero en situación migratoria irregular, que desee acogerse a los términos y condiciones de ese plan, su solicitud debe hacerla (dentro de un plazo de 18 meses), a partir de la puesta en vigencia del Plan. Ese plazo fue violado por el gobierno, en más de una prórroga, sin la debida motivación de las autoridades competentes, aunque estas sean subordinados del Poder Ejecutivo.

Art. 4º.– Consecuencias:

Según este Decreto, el extranjero radicado irregularmente en el país, que en el tiempo de duración previsto para este Plan, “no califique o no se acoja” a las previsiones de regularización establecidas, quedará sujeto a “deportación”, de conformidad con la Constitución y las leyes (las que según convengan, dicen que las usarán o las ignorarán).

No obstante lo indicado en este artículo, el tiempo de duración de dicho Plan (ha sido modificado por el Gobierno en repetidas ocasiones) y los que no han calificado a lo previsto en el Plan de Regularización o no se hayan acogido a él, tampoco han sido deportados. El gobierno debe explicar estas irregularidades, concernientes a la no aplicación de su Decreto.

Los comentarios de los Arts. 5 al 39, preferimos que los mismos sean leídos por quienes aprueben o desaprueben, las facilidades de regulación que otorga este Decreto, a ilegales que en cualquier parte del mundo, serían “deportados”, y que en 1938 fue convenido en el Acuerdo de Washington (entre los gobiernos haitiano y dominicano), en el artículo (X), Numeral 2, con la aprobación de los gobiernos de Estados Unidos, México y Cuba en su condición de garantes de lo convenido.

Ley No. 169/14.– (Considerandos):

El hecho de que esta Ley posea 10 Considerandos, muchos de ellos necesarios a la introducción de esta norma —de ellos solo vamos a comentar, aquellos, que de alguna manera alteren la realidad de los hechos, o pongan de manifiesto la intención del Poder Ejecutivo de no hacer lo indicado en las “Disposiciones 5ta. y 6ta de la Sentencia 168/13”, lo que significa una “violación de la Constitución vigente” en su Art. 184, excepto para el Poder Ejecutivo que tiene patente de corso.

CONSIDERANDOS DE LA LEY 169/14

Considerando Tercero: No es cierto que el TC se refirió en una parte de la Sentencia 168/13 a imprevisiones legales en políticas migratorias, o deficiencias institucionales del Registro Civil, ni que el TC pusiera de manifiesto la “deficiencia del Estado”, para evitar que un determinado número de personas (ilegales), nacidas en el territorio nacional, mediante declaraciones falsas y fraudes, fueran registradas como nacionales dominicanos, en el Registro Civil, toda vez que la irregularidad en esos registros, son imputables a quienes cometieron “fraudes y violaron la Ley de Migración vigente a partir de 1929”, y/o del Registro Civil dominicano.

El Sr. Danilo Medina en su condición de Presidente de la República debía saber, que conforme a la Resolución No. 896 (IX) de las Naciones Unidas, cualquier persona que cometa “fraudes o suministre declaraciones falsas para obtener una nacionalidad que no le corresponde, [esa persona puede ser “privada de la nacionalidad” por el Estado contratante], según el literal b), Numeral 2 del artículo 8 de la Resolución 896 antes indicada (de fecha 4 de diciembre de 1954), cuya aplicación según esta “Resolución”, hace innecesario: aprobar un Régimen Especial para “personas nacidas en el territorio nacional” (inscritas irregularmente en el Registro Civil dominicano “mediante fraudes”; independientemente de que dicha Ley, excedan las disposiciones de la Sentencia 168/13 y modifica las bases Constitucionales para obtener la nacionalidad dominicana, tal como indica el Art. 18 de la Constitución del 2010. Bien o mal, los Dispositivos 5to. y 6to. de la Sentencia No. 168/13 del TC, indicaban  qué debía hacerse, para corregir los registros irregulares de haitianos en el país.

El problema de la “migración ilegal inducida de haitianos hacia nuestro país”, se agudizó a partir de la invasión de Estados Unidos a Haití en 1915 y de Dominicana en 1916. Cuyo objetivo fundamental fue, apropiarse de las mejores tierras para explotación agrícola en ambos Estados de la Isla, para que inversionistas de Estados Unidos instalaran ingenios azucareros en ellas, usando mano de obra agrícola que traían desde Haití, violando desde 1917, nuestros derechos soberanos sobre el territorio invadido (la República Dominicana).

La 2da. invasión de Estados Unidos a la República Dominicana en 1965, originó a partir de 1966, la implementación de presiones a los presidentes electos dominicanos, vía el Departamento de Estado, la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo, la Usaid y algunos organismos de las Naciones Unidas, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Secretario General Ban Ki Moon, para no citar a los Presidentes Clinton y Obama, entre otros. Presiones que los presidentes dominicanos no fueron capaces de evadir en lo que concierne a la regularización y nacionalización de ilegales haitianos, que desde 1916 (sus hijos también ilegales) viven en el territorio de República Dominicana, apoyándose en el Derecho Internacional y las Cartas Constitutivas (de las Naciones Unidas y la OEA). A menos que estos presidentes fueran también parte de conspiración internacional contra nuestro país, para acelerar la fusión de ambos Estados en la Isla, que es lo que desde hace tiempo desea Estados Unidos, para confinar la Peste Haitiana a la Isla de Santo Domingo, tal como manifestara Jefferson en 1801.

Considerando 3ro. de la Ley 169/14, trata de justificar, apoyándose indebidamente en la Sentencia 168/13, las razones para establecer: Un “régimen especial” (de regularización y nacionalización), para personas nacidas en el territorio nacional, inscritas irregularmente en el Registro Civil (dominicano) y sobre naturalización.

Considerando Cuarto: Este Considerando constituye una joya, en cuanto a manipular las disposiciones 5ta. y 6ta. de la Sentencia 168/13, pues después de afirmar: Que las decisiones del TC (en su condición de intérprete último de la Constitución), sus sentencias constituyen (“precedentes vinculantes” para todos los Poderes públicos y Órganos del Estado) (“Mandado Constitucional” que indica el Art. 184),  terminan afirmando que la Sentencia del TC NO EXCLUYE, que los Órganos Políticos  constituidos como Expresión de Principios democráticos y voluntad popular (no den respuestas nuevas) que se crean a partir de las decisiones que dicta el TC.

Parecería que el Poder Ejecutivo y sus asesores nacionales y de la USAID, o les conviene ignorar, que el Art. 184 solo tiene una interpretación —La condición vinculante de las Sentencias del TC. (Es decir, que debe hacerse exclusivamente, lo que ordena el Tribunal y basta).

Por otra parte: ¿Qué son los “Órganos Políticos” a que se refiere este Considerando? ¿Acaso estos Órganos están por encima de la Constitución?; por ser parte esencial de la VOLUNTAD POLÍTICA del Presidente de la República, quien cree: que su voluntad tiene prioridad sobre lo que diga la Constitución y, está muy equivocado, a menos que lo permita el Tribunal Constitucional.

Cuando se habla de “Órganos Políticos”, ¿se estarán refiriendo por caso a la “VOLUNTAD PARTIDARIA” invocada por el Presidente del Senado y Secretario General del PLD, quien en una comunicación depositada en el TC, para justificar el “por qué” la modificación del Art. 124, para facilitar la Reelección del Sr. Medina durante el período 2016-2020, (no era materia a definir en dicho Tribunal), sino en el “Congreso”, en el cual se “expresan de manera uniforme”, la voluntad partidaria de los intereses políticos de los partidos en general y del PLD en especial, en la toma de decisiones sobre la base de consideraciones (POLÍTICAS, IDEOLÓGICAS O DE IDONEIDAD), al margen de lo que diga la Constitución, originada en una coyuntura determinada, tal como se presentó en 2015, la cual fue indicada en la Ley de Convocatoria 24/15, sobre la necesidad de modificar la Constitución, para permitir la reelección del Presidente en funciones, el Sr. Medina.

Considerando Quinto: Es cierto lo que plantea el Considerando, en cuanto a que se cometieron “irregularidades en el Registro Civil”, solo que se les olvidó decir: que esos “Registros irregulares se hicieron”, por recomendación, presión e inducción del Poder extranjero que nos tutela, vía la USAID, ONG’s financiadas por el gobierno de Estados Unidos y una Orden religiosa de la Iglesia Católica, los perversos Jesuitas dominicanos.

Esos registros no son responsabilidad del Estado, sino de los presidentes dominicanos del PLD y PRD, al servicio de los intereses regionales de Estados Unidos en nuestro país. Esta es la verdad, aunque muy pocos hablen de ella. La mayoría prefiere hacerse cómplice callando (para conservar la visa del imperio, aunque actuando así traicionen a su país).

Considerando Séptimo: Según este “Considerando”, “Los Órganos de Representación Política” tienen la obligación —no dice si en base a la Constitución, una Ley, Decreto, Resolución, Reglamento (o mandato del Poder Extranjero), para “buscar soluciones de la Sociedad dominicana, fundamentándose en el interés nacional, guiados entre otros valores (por la igualdad, la solidaridad y la convivencia fraterna). La pregunta es. Igualdad, solidaridad y convivencia fraterna, ¿entre quiénes?; porque si se trata de nacionales y Estados distintos, el “Principio de Reciprocidad es fundamental”, para que los valores antes citados, sean viables, sinceros, recíprocos y creíbles.

Considerando Octavo: Ese “Considerando” plantea: que el Estado dominicano —guiado por los Principios (ya no valores), y a través de sus órganos representativos (buscar una solución al problema que enfrentan las personas nacidas en el territorio nacional, inscritos irregularmente en el Registro Civil dominicano).

Ese problema quienes deben resolverlo, son quienes lo originaron: 1ro.) Estados Unidos que entre 1917 y 1924, estuvo trayendo braceros ilegales haitianos al territorio que abusivamente invadieron en 1916, y 2do.) El gobierno haitiano que en 1938 (mediante el Acuerdo de Washington se comprometió) —a no permitir que sus nacionales, se introdujeran por la frontera en el territorio dominicano, sin el correspondiente permiso de las autoridades competentes.

Considerando Noveno: Conforme a lo expresado en este “Considerando”, la Ley 169/14 dice: que la regularización de las Actas de Estado Civil (no implica una “negación o cuestionamiento”), a la “interpretación dada por el TC, (a una parte) y de las normas relativas a la regulación y otorgamiento de nacionalidad a migrantes extranjeros ilegales”, sino más bien, una “respuesta que se genera a partir de la Sentencia 168/13”, la que resulta de interés nacional resolver (generosamente en beneficio de esos ilegales, porque así lo ordena el Poder Extranjero), que quita y pone Presidentes, cuando éstos no hacen lo que ellos les ordenan.

No existe una 2da. parte, o una 3ra. parte, más allá de las disposiciones que indica la Sentencia 168/13 en sus Disposiciones 5ta. y 6ta.

Al aprobar esta Ley, el Congreso Nacional no legisló para defender el “interés nacional”, sino que “cumplió” con lo que exigía el Poder Extranjero, para evitarse problemas con el Imperio; que cuando los funcionarios de sus colonias no les obedecen, empiezan a sacar expedientes de narcotráfico, lavado de dinero y corrupción, lo que implica, en muchos casos, la extradición de los afectados. Por lo que consideraron, que era mejor cuidarse mientras puedan hacerlo.

Art. 1) de la Ley 169/14.– Objeto:

El objeto de esta Ley es establecer (un régimen especial) en beneficio de hijos de padres y madres extranjeros (para no decir de haitianos), nacidos en el territorio nacional, entre el 16 de junio de 1929 y el 18 de abril del 2007, inscritos en los libros del Registro Civil y también de los no inscritos en dichos Registros.

Art. 2).– Regularización:

Conforme a lo que establece este artículo, aun cuando la Constitución del 2010 dice en su Art. 18 (cómo se obtiene la nacionalidad dominicana); esta Ley indica a la Junta Central Electoral, que los que se encuentren en la situación a que se refiere el Art. 1) de la Ley 169/14, la JCE debe (acreditarlos y registrarlos como ciudadanos dominicanos).

Es decir, que esta Ley, “de hecho está ampliando la manera cómo se puede obtener en nuestro país la nacionalidad dominicana además de la Constitucional, si quien presiona para ello, es el Poder Extranjero, con lo que se demuestra, que nuestra Constitución sigue siendo un pedazo de papel para el gobierno de Estados Unidos.

Art. 12.– Reglamentación:

Este artículo nos dice: que el Poder Ejecutivo “dictará (en un futuro) el Reglamento de lo dispuesto en los Capítulos II y III de esta Ley. No dice que se “Publicará” el Reglamento elaborado por el Consejo Nacional de Migración relativo al (“Plan Nacional de Regularización de extranjeros ilegales radicados en el país”), a que se refiere la 6ta Disposición de la Sentencia 168/13, sino un “Reglamento del registro de hijos de extranjeros nacidos en República Dominicana y de Naturalización; mientras que el Decreto 327/13 instituye el (Plan Nacional de Regularización de extranjeros en situación migratoria irregular en República Dominicana) a que se refiere el Art. 181 de la Ley 285/04.

Teníamos la idea de que en materia migratoria quien elaboraba los “Reglamentos” era el “Consejo Nacional de Migración”. La Ley 169/14, en su artículo 12, nos dice: que el Poder Ejecutivo dictará el Reglamento de los Capítulos II y III de esa Ley.

OBSERVACIONES FINALES

Para entender el interés del Poder Ejecutivo, del Congreso Nacional y de la Dirección Política del PLD, en relación a la Ley 169/14, es necesario leer la comunicación No. 012313 de fecha 15 de mayo del 2014, enviada por el Presidente de la República al Sr. Abel Martínez Durán (Presidente de la Cámara de Diputados), motivando la necesidad de establecer un “régimen especial” para personas nacidas en el territorio nacional, inscritos irregularmente en el Registro Civil dominicano y naturalización, aprobada por el Congreso Nacional el 21 de mayo del 2014, unos 6 días después de haber sido entregada dicha comunicación. Lo que indica (el interés de que ese Plan fuera aprobado a la mayor brevedad), pues detrás del mismo, estaba el interés del Poder Extranjero.

De los 23 párrafos que contiene dicha comunicación, solo comentaremos algunos de ellos. En el párrafo No. 2 se dice: que ese proyecto de Ley es el fruto de un amplio proceso de consultas y búsqueda de consensos, que nunca supimos que se estuvieran realizando.

En el párrafo No. 3 se indica: que esa Ley se sustenta en el ejercicio soberano de los Órganos Democráticos del Estado. Hemos preguntado a algunos abogados, ¿cuáles son esos “órganos del Estado”?, y no hemos obtenido respuestas, lo cual no significa que existan.

En el número 4 se dice al Presidente de la Cámara de Diputados: Que después de haber consultado diferentes líderes políticos, empresariales y religiosos (que no se identifican), que el texto de ese proyecto de Ley, constituye una repuesta responsable, para salvaguardar los intereses nacionales y cumplir la legalidad de la República. Esperamos que realmente pueda cumplir esos objetivos (sin violar nuevamente a la Constitución), como en el caso de la modificación del Art. 124 para reelegir al Presidente Medina, sin la convocatoria a un Referendo.

En el número 5 se habla de “carencias” de registros, documentación e identificación de migrantes ilegales, cuando la carencia más bien se refiere a identificación y expulsión de ilegales, mientras que el problema lo origina (un exceso de registros y documentación expedidos en base a fraudes inducidos por el Poder extranjero).

El número 6 atribuye a una debilidad del Estado (el hecho de que en el país nazcan personas, que no son debidamente registradas en el Registro Civil dominicano), como si desde el 1996 hasta el 2014, no hayan gobernado el país 2 presidentes del PLD, durante 5 períodos constitucionales. Por cuáles razones debieron esperar la Sentencia 169/13, para revertir ese estado de cosas, que no asumieron antes, ni de la manera como lo hicieron, en contra del interés nacional e ignorando los derechos de soberanía que poseemos como Estado.

En el número 8 se hace una afirmación temeraria, pues se dice (que la mayoría de esos niños se originan en más de 100 nacionalidades) lo cual no es cierto, y de serlo, el 99% de ellos son de origen haitiano; lo que constituye el verdadero problema dominicano, pues detrás de ellos, ese proyecto de Ley lo apadrinó el gobierno de Estados Unidos que fue quien originó todas esas irregularidades, desde 1916 hasta el día de hoy.

Al regularizar los documentos emitidos a nacionales haitianos (originados y bajo presión de Estados Unidos), a los que se refiere el párrafo 13, lo podrán resolver de manera “non santa”, a quienes les fueron emitidas en el pasado, pues esa Ley, en vez de resolver el problema nacional, a futuro lo va a complicar, pues el objetivo final del Decreto 327/13 y la Ley 169/14, no va a pasar mucho tiempo, para que los “ingenuos” se den cuenta de ello.

El párrafo 21 dice: Que es necesario establecer “mecanismos rigurosos para proteger la “integridad del Registro Civil”. La pregunta de rigor es: ¿Acaso van a protegerlos, los que lo permitieron en el pasado (el PLD, el PRD de Miguel o el PRM de Hipólito y Abinader).

Por lo que se refiere al párrafo 22, el problema de documentar a los nacionales haitianos debe ser de las autoridades haitianas, no de la República Dominicana, aunque desde hace algún tiempo, tal como sugirió el diplomático  haitiano y funcionario del Banco Mundial y Naciones Unidas, en 1991, el Dr. Gerard Latortue, quien planteó a los organismos internacionales (buscarle un “espacio de supervivencia” al pueblo haitiano en República Dominicana, (sin que se produjera de inmediato la necesidad de una “integración política territorial”), que constituye solo la 1ra. etapa del proyecto de Fusión.

Indicó en su Plan ese ladino haitiano: “Que República Dominicana y Haití por el momento), sean considerados por la Comunidad Internacional simplemente como una sola Nación, donde toda iniciativa que se ponga en marcha (al margen de iniciativas políticas de los gobiernos haitiano y dominicano), debe estar “encaminada y dirigida”, a implementar proyectos de desarrollo factibles, que redunden en beneficio de ambos Estados —los que de desarrollarse, presenten de hecho la Isla— “como una sola República”, (que es lo que se está haciendo), y eso lo sabe tanto el ex-Presidente Fernández, como el actual Presidente Medina.

En el último párrafo (el número 23), el Presidente Medina nos dice: Que no le cabe duda, de que la Ley 169/14 fortalece las instituciones del Estado dominicano, que nos fortalecerá como pueblo y nos vigorizará como Nación. Aunque no lo dice, se está refiriendo al nuevo Estado fusionado —los Hispaniolos, que es el nombre que Estados Unidos le ha asignado a los nacionales de ambos Estados, cuando se produzca la fusión deseada, y así poder “confinar el pueblo haitiano”, no al territorio que ocupa actualmente Haití; sino a toda la Isla, mediante la fusión de dos pueblos, que no teniendo nada en común, uno de ellos se perjudicará, mientras el otro se beneficiará, no sabemos ni imaginamos por cuánto tiempo.

Naturalmente, qué les importa a los gobiernos de Estados Unidos y la Unión Europea, el tener que sacrificar y hacer desaparecer, la nación y el Estado dominicano, si por esa vía, minimizar el ingreso de haitianos en sus territorios, cuando fueron capaces de destruir a Afganistán, Irak, Libia y Siria, una vez estos países empezaron a resultarles difícil de manejar sin problemas, los recursos mineros y reservas de petróleo y gas de esos Estados. Agredieron a Cuba, Venezuela y Bolivia, e invaden cualquier país del mundo que intente no dejarse robar por sus multinacionales.

¿Qué hacer para evitar esta tragedia? —Enfrentarlos como en 1965, lo cual tampoco resuelve el problema, por el momento.

Para concluir de comentar, las “Respuestas dadas por el Poder Ejecutivo”, a la emisión de la Sentencia 168/13, mediante la emisión del Decreto 327/13 y la Ley 169/14, regulaciones ilegítimas, con las cuales parecería que el Poder Ejecutivo se desvinculaba del texto y el espíritu de la Sentencia 168/13, de manera que habría que preguntarse: ¿Ignorará el Tribunal Constitucional esa desvinculación constitucional, si es que realmente existe? o, ¿fingirá no darse por enterado de la “situación de vulnerabilidad institucional?”, hecha por el Poder Ejecutivo en perjuicio de ese Tribunal Constitucional.

La Sentencia 224/17 del TC, relativa a la modificación del artículo 124 de la Constitución del 2010, (prefirió declarar constitucional la Ley 24/15), en lugar de convocar el Referendo a que se refiere el Art. 272; sobre todo, cuando las Encuestas decían que la intención de votos, para reelegir al Presidente Medina, era igual al 62% del Electorado convocado a Votar en las elecciones del 20 de mayo del 2016. Razón por la cual era oportuno que el pueblo “ratificara” la reelección y no se violaba la Constitución como demostraron los Jueces disidentes del TC, que votaron en contra de la Sentencia 224/17. Pase lo que pase, más temprano que tarde, el TC se beneficiará o perjudicará de la posición que asuma sobre esta desvinculación del Poder Ejecutivo, sobre el texto y espíritu de la Sentencia 168/13, —Lo que hagan o dejen de hacer, la Historia no lo podrá esconder a las nuevas generaciones.

La OEA fue organizada por Estados Unidos para servir a sus intereses como Estado hegemónico en la región.

La OEA fue organizada por Estados Unidos para servir a sus intereses como Estado hegemónico en la región.

Las naciones hispanoamericanas, las que a partir de 1800 se fueron independizando de España, sintieron la necesidad de propiciar una integración, la que garantizara sus independencias. A tal efecto, en 1826, Simón Bolívar convocó en la ciudad de Panamá un Congreso el cual fracasó, cuyo objetivo era: la colaboración política, económica, social y cultural de los países hispanos o latinoamericanos, en la que también se contemplaba, resistir toda forma de presión o penetración de España, Francia e Inglaterra para recuperar sus ex-colonias, aspiración que posteriormente fue conocida como Panamericanismo.

La idea original de integración propuesta por Bolívar fue retomada por el Presidente Monroe de Estados Unidos, el cual la hizo evolucionar a favor de su  país, basándose en lo que posteriormente se conoció como Doctrina Monroe, mediante la cual los Estados Unidos se reservaban (el derecho de proteger) las naciones latinoamericanas, de las presiones extra-continentales que pudieran hacer España, Francia e Inglaterra contra las ex-colonias españolas, luego de independizadas y convertidas en Estados (supuestamente) libres y soberanos.

Las diferencias existentes entre estos Estados latinoamericanos entre sí, y en especial con Estados Unidos, dificultaron algunos intentos de organización; sin embargo en 1890, Estados Unidos convocó una reunión en Washington a  todos los Estados independientes existentes en ese momento en el Continente Americano (ubicados en norte, centro, sub-américa y el Caribe) excepto la República Dominicana.

En 1890, esta Primera Conferencia Internacional Panamericana dejó constituida la “Unión Internacional de Repúblicas Americanas”, cuya secretaría permanente fungía básicamente como una Oficina Comercial de Estados Unidos, coherente con la función-misión implícita en la Doctrina Monroe. En 1910 esa organización se convirtió en Unión Panamericana y se fue reglamentando en sucesivas conferencias hasta convertirse en la reunión de Bogotá (el 30 de abril de 1948) y adoptar su actual Carta constitutiva en lo que se denominó: la Organización de Estados Americanos (OEA).

En su origen, la OEA  estaba constituida por 21 naciones; 19 hablaban español, una inglés (Estados Unidos) y la otra (Haití) sus nacionales se comunicaban entre sí en creole (mientras una minoría habla francés).

A partir de 1967 y como respuesta a los eventos después de los acontecimientos de 1965 en la República Dominicana, se integraron a la OEA: En 1967 Barbados y Trinidad-Tobago, en 1969 se integró Jamaica, en 1975 lo hizo Granada, en 1975 la República de Surinam (Guyana Holandesa), en 1979 Dominica y Santa Lucía, en 1981, Antigua-Barbuda y San Vicente-Granadina, en 1982 Bahamas, en 1984 San Cristóbal y Nieves, en 1990 Canadá, 1991 Belice y la República Cooperativa de Guyana (la Guyana Inglesa).

Es oportuno señalar, que de los 14 nuevos Estados, países o naciones que ingresaron a la OEA posteriormente: 13 formaban parte de la Mancomunidad Británica y el otro de Holanda. De las 13 colonias (o ex-colonias), aunque estos dicen ser democracias parlamentarias, en realidad son: partes de una monarquía constitucional, cuyos gobernadores lo designa la Reina Isabel II, por lo que no se comprende como pueden ser Estados independientes y dependientes a la vez de Inglaterra , por  lo que  parecería que existe una contradicción en ello. Entre estos nuevos Estados, hay 7 que en total suman 881,000 habitantes en un área no mayor de 3,241 kms²  a fines del 2011. El voto de cada uno de estos pequeños Estados vale igual a de Argentina, Brasil, Colombia  o México, lo cual no es representativo ni democrático en relación a esas naciones. De esos 14 Estados solo 2 parecerían ser realmente independientes: Trinidad-Tobago y la República Cooperativa de Guyana. Con la supuesta independencia, esta última heredó un problema fronterizo con Venezuela (pendiente de fallo) en la C.I.J., relativo a las 2/3 partes de su territorio actual (el cual administra temporalmente esta ex-colonia inglesa). Como puede apreciarse, la pérfida Albión sigue siendo al  día de hoy la pérfida Albión. Primero invade después de 1810 ese territorio en Venezuela, y como tendría  que defender  ese robo ante  el Tribunal de La Haya, le “concede la independencia” a su ex-colonia, incluyendo el territorio apropiado indebidamente, tal como lo hizo con Belice y terminará haciendo lo mismo con Las Malvinas.

Quienes se pregunten: ¿Por qué Inglaterra y Estados Unidos proponen, y las 18 ex-colonias españolas aceptan como nuevos miembros de la OEA a esas ex-colonias inglesas?, la respuesta podría ser la siguiente: Hasta 1948, la mayoría simple (en la toma de decisiones) estaba constituida por el voto afirmativo de 11 Estados y la especial (de 2/3) con voto afirmativo de 14 Estados.

Lo  anterior significaba, que como a Estados Unidos y a su madre patria (Inglaterra), les estaba resultando  muy difícil imponer su voluntad en la OEA, a las ex-colonias españolas, sobre todo  después de 1965, cuando la  relación era  20/1, (Brasil y Haití incluidos).

De manera que, al llevar el número de miembros en la OEA, de 21 a 35 Estados, la mayoría simple se obtenía con 18 de 35 miembros; de las cuales 14 + 1 estaban asegurados; y como la mayoría especial resultaba de 23 miembros, de los cuales 14 + 1 también seguían aseguradas, las votaciones deseadas resultaban más fáciles de obtener.

Por lo que, en caso de necesidad, era fácil comprar los votos que faltaren en el futuro: sea a República Dominicana, que a  Haití, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Panamá  o  Paraguay por ser las más débiles y pobres; lo cual no significa que Colombia o Brasil o cualquier otra, no estuvieran también dispuestos a vender sus votos a Estados Unidos,  como demuestra la votación obtenida en 1965, para justificar la 2da. Invasión en el siglo XX del Ejército de Estados Unidos al territorio de República Dominicana, cuando los Estados miembros de la O.E.A. eran solo 21, apoyaron a Estados Unidos en la creación de la FIP las siguientes “naciones hermanas”: Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Haití, Nicaragua, Panamá, Paraguay, e insólitamente, también el Estado agredido  la  República Dominicana. La República Dominicana no debía votar, pues el canciller Bonilla Artiles al representar al gobierno del Triunvirato, que  había sido destituido no debía votar, así como tampoco  el Canciller del  nuevo gobierno ,que no había sido acreditado aun en la OEA. Estados Unidos presiono para que autorizaran votar al Canciller inhabilitado  por los acontecimientos, para alcanzar  así la mayoría de 2/3, necesaria para legitimar la 2da. Invasión de Estados Unidos al territorio de República Dominicana en 1965. La 1ra fue la de 1916. Mientras que Venezuela se abstuvo de apoyar en 1965  la creación e intervención de la FIP en el territorio de la República Dominicana. Votaron contra esa Resolución: México, Chile, Ecuador, Perú y Uruguay.

En 1962, cuando la OEA, a solicitud de Estados Unidos decidió expulsar a Cuba de esa Organización, votaron en apoyo de Estados Unidos: Argentina, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Colombia, Panamá, Costa Rica, Honduras, Haití, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y República Dominicana. Cuba votó en contra de esa Resolución, mientras que Brasil, Chile, México Bolivia y Ecuador se abstuvieron. En la 1ra. votación Haití se abstuvo, pero en la 2da. votación, a cambio de la aprobación de un préstamo de Estados Unidos, cambió su posición y terminó apoyando a Estados Unidos para expulsar a Cuba de la OEA.

En pocas palabras, históricamente, así ha venido actuando la OEA, un organismo desde su origen al servicio de Estados Unidos y ahora también de Inglaterra, como sucedió en el caso de las Malvinas.

El problema de  Estados Unidos con los Estados latinoamericano, no es lo que ellos pretendan que nosotros (los Estados latinoamericanos) les aceptemos todo lo que proponen en la O.E.A. sino lo que nosotros les toleramos que nos impongan. Parecería que todos o casi todos nuestros gobiernos, están dispuestos y orgullosos de aceptar la voluntad del Estado que propicia y financia las candidaturas de muchos de los que hoy han sido “elegidos” presidentes y una vez elegidos, el Estado hegemónico les protegen sus robos (botín que es compartido con el poder extranjero de muchas maneras) y cuando los pueblos no soportan más y se rebelan, entonces el imperio sustituye sus agentes encubiertos por otros iguales o peores y los protege en sus territorios. De no hacerlo así, muy pocos de estos traidores estarían dispuestos a asumir tales riesgos, por actuar  como agentes de Estados Unidos en contra de los sagrados intereses de los países donde nacieron.

Naturalmente, Estados Unidos como país que se apoya en la doble moral, está siempre dispuesto a decir que defiende determinados principios y hacer en la práctica  exactamente lo contrario. Dicen combatir la corrupción, pero son ellos quienes la fomentan en su país y en los “países”·que constituyen el patio trasero de su imperio económico y militar.

La corrupción en los poderes del Estado de estas pseudo repúblicas latinoamericanas, contaminan estos  pueblos desde arriba hacia abajo. No es posible eliminar la corrupción en los niveles medio y bajo de las administraciones públicas en estos países, mientras quienes generen y apoyen la corrupción, estén ocupando las principales direcciones políticas de los poderes de los Estados en que fueron infiltrados, en las  que también participan parientes cercanos y amigos en estas irregularidades.

Si hay corrupción en el Poder Ejecutivo esa corrupción se transfiere a los ministros, funcionarios y empleados. Como actúen los presidentes actuarán sus subalternos; lo mismo sucede en el mando militar que el policial, el Poder Judicial, la Junta Central Electoral, los miembros de Congreso y en los Municipios. De manera que mientras la corrupción se origine en los niveles más altos de la Administración pública, es imposible controlarla en los niveles medio y bajos de dicha  administración, la que se manifiesta de manera masiva, afectando todo el cuerpo social de la nación, no solo en el sector público, sino que  también se contaminaba el sector privado.

Si la población se preguntara ¿Por qué no se elimina la corrupción en el país?, la respuesta es`…. por una razón muy sencilla: quienes la imponen desde el exterior saben: Que mientras más corruptos sean las autoridades de un país, más fáciles les resultan controlarlos, para apropiarse de sus recursos no renovables y/o endeudarlos de manera tal, que hasta para construir letrinas, estos gobernadores de colonias deban recurrir a financiamientos externos, los que luego deben pagar los pueblos, incluyendo la parte que no usan y se roban.

En la OEA los votos se venden y se compran y si por una razón muy especial: caso del Bloqueo económico a Cuba; y en la ONU se produce una  votación de 190 a 3 contra Estados Unidos y a favor de Cuba, el país agresor ignora como voten  los demás países del mundo y continúa el embargo. Ese ejercicio inútil para establecer mayorías y minorías en ONU, OEA y CIJ entre otros, solo es aplicable a  los demás países , no significa nada  para Estados Unidos, Inglaterra e Israel, los que por excepción, se burlan de como voten los demás Estados miembros de esas organizaciones y a eso le llaman una verdadera democracia fundamentada en el Derecho Internacional.

Esos países manipulan los pueblos a voluntad,  les indican por quienes deben votar y por quienes no deben hacerlo, inducen comprar lo que no es necesario, se les  endeuda  para controlarlos mejor,  o se les bloquea para que no puedan  desarrollarse, a eso se le llama  ayuda humanitaria, y lo peor es, que muchas personas lo creen, sea por ignorancia que por desinformación.  En el mundo en que vivimos hoy, la verdad  no debe ser conocida por las personas que son explotadas por las multinacionales que controlan al resto de la humanidad, para lo cual usan un ESTADO GENDARME, que agrede cualquier población, que según ellas, ponga en peligro sus beneficios grupales de plutocracia mundial, incluyendo sectores de clase media baja y baja en los Estados Unidos. Quienes así actúan no se comportan como humanos, y  si me dijeran que son extraterrestres no me sorprendería. Y como los países desarrollados  están más interesados en la extracción de minerales que en la producción agrícola, si no los detenemos a tiempo van a destruir el Planeta, al que según Stephen Hawking no le queda mucho tiempo.

PRESIDENTE FERNANDEZ : HAITI NECESITA RECONSTRUIR SU HISTORIA O QUE NOSOTROS SE LA CONSTRUYAMOS?

Presidente Fernández:
¿Haiti necesita reconstruir su historia o que nosotros se la reconstruyamos?

Señor Presidente, en relación con sus declaraciones aparecidas en el periódico El Nacional de fecha 17 de marzo 2010 (pag. No.4) usted dice: Que frente a Haiti ha habido una injusticia de carácter internacional, toda vez que siendo el primer país de América que declaró su Independencia en 1804, durante décadas se le ha negado su desarrollo. Presidente, si la Independencia de Estados Unidos fue en 1776, esa Independencia es anterior a la de Haiti en 1804.

Presidente Fernández, desde 1804 hasta la llegada Duvalier (Papa Doc) en 1957, los únicos países desarrollados en el mundo que bloquearon y desconocieron la independencia y el desarrollo de Haiti fueron, Francia y Estados Unidos y en menor medida Inglaterra ¿Por que Generalizar?

Sabe usted cual era la posición del Presidente Jefferson en 1801 (3 años antes de la Independencia de Haiti). Citamos: Jefferson sugirió que una vez que Francia y Gran Bretaña hicieran las paces, Estados Unidos debería actuar de común acuerdo con ellos, “para confinar la peste a esta isla”. Saint Domíngue, afirmó, seria un “receptáculo” adecuado para confinar a los negros en el Hemisferio Occidental que ya no fueran deseados en una sociedad civilizada. Toussaint “podría estar dispuesto – afirmó Jefferson – a recibir aun a esa clase que seria exiliada por actos que nosotros consideramos criminales, pero que para él podrían ser meritorios”.

Jefferson también le informó al ministro de Relaciones Exteriores de Napoleón, Talleyrand, que Estados Unidos estaba deseoso de abastecer al Ejército y a la Armada franceses de todo lo que necesitaran, si se decidían a reconquistar Saint Domíngue.

Justo es reconocer (aunque no estemos de acuerdo), que tanto Francia como Estados Unidos tenían argumentos de tipo económico (los que afectaban sus producciones agrícolas de tipo esclavista), para oponerse a la declaración de Independencia de Haiti, por considerar un peligro la abolición de la esclavitud, en territorios vecinos a los que ellos controlaban en tierra firme y en el Caribe, muy próximos a ellos e influenciados por lo que estaba sucediendo en Haiti.

Ahora resulta, que los responsables de la tragedia haitiana actual somos los dominicanos, mientras que Francia y Estados Unidos son los grandes amigos de Haiti, ¡Que ironía Sr. Presidente!

Presidente Fernández, por un momento dejemos de lado la poesía y los discursos aéreos y digamos responsablemente: que el rezago y atraso de Haiti durante los últimos 200 años de Independencia que tiene esa nación, aparte de la resistencia y oposición de Franceses y Estadounidenses, los otros responsables directos de lo que ha estado pasando en Haiti durante ese periodo, son los haitianos. Acaso ignora usted cuales fueron las líneas maestras que orientaron el texto constitucional de Haiti en 1804, casi todas vigentes en la actualidad.

Un país que prefiere organizarse como Imperio o Reino en vez de República. Que elimina la esclavitud de los negros por los blancos, para establecer la esclavitud de los negros por los negros; un país que ha transitado de una dictadura a otra, donde la ultima es siempre peor de la anterior; un país donde a los enemigos que matan se los comen; un país donde quienes gobiernan (si son ex – Sacerdotes Católicos) se dedican a glorificar y exaltar el uso del collar de fuego; un país donde todos los que llegan al gobierno se roban los pocos recursos que recauda el fisco; un país así, tiene que estar necesariamente en el lugar donde se encuentra Haiti hoy día. Pero en esa tragedia, ellos son los primeros responsables, los obstáculos que vinieron después, son consecuencias directas de sus errores a partir de 1804.

Mientras no se cambie la mentalidad de los haitianos como personas, Haiti no cambiara como Estado. Con esa actitud frenan el desarrollo mínimo deseado, el que la Comunidad Internacional estaría dispuesta a financiar y apoyar.

Ahora bien, reconocemos que sin el apoyo y los aportes de la Comunidad Internacional, Haiti no podía en el pasado ni puede desarrollarse actualmente, toda vez que el problema de hoy no es llevarlo a alcanzar los niveles existentes antes del 12 de Enero del 2010, sino colocarlo próximo a los niveles de desarrollo alcanzados por la República Dominicana, para lo cual se necesitará de tiempo, muchos recursos, y colaboración entre los donantes y el Estado receptor de las donaciones. Sin embargo, es oportuno recordar, que si en Haiti no se reduce la población a menos de 4 millones de personas, ubicando la otra mitad de la población actual en países como Senegal, Liberia y/o Guyana Francesa, el desarrollo que se aspira para Haiti no será posible, pues el incremento poblacional incontrolado obstacularizaria cualquier proyecto de desarrollo que se diseñe para Haiti, dadas las condiciones en que se encuentra ese país, debido a: la degradación de los suelos, la deforestación, la falta de agua para irrigación, el analfabetismo, una producción agrícola de subsistencia familiar, la falta de tecnología en la producción agropecuaria, un inexistente sistema de salud, la falta de vías de comunicación, una educación universitaria reducida, la dificultad de accesar a las nuevas tecnologías y adelantos técnicos existentes, al utilizar el uso del “idioma” creole, el que solo entienden y hablan los haitianos; un país que no agradece las ayudas que recibe de su vecino, y es capaz de desinformar sus supuestos amigos
en el exterior para que nos sigan acusando ante la comunidad internacional como un Estado esclavista racista y violador de los derechos humanos de los haitianos, ignorando que para los dominicanos también deben existir derechos humanos como Nación.

Haiti es un país que no nos agradecerá jamás nuestro interés en ayudarlos a que se desarrollen, porque este tipo de ayuda implica, permanecer confinados en el territorio haitiano, cuando para ellos la isla entera le pertenece. Esto debía saberlo el Presidente Fernández.

El problema haitiano es tan complicado y complejo, que en el momento que el Presidente Fernández ofrecía en Santo Domingo construir una Universidad con recursos nacionales en Puerto Príncipe, la ONU cuyo representante en nuestro país estaba frente a nuestro Presidente en el preciso momento en que se ofertaba esa obra, en Ginebra, la ONU publicaba un informe en el que entre otras cosas decían: Que la República Dominicana debe considerar la adopción de medidas apropiadas para eliminar la discriminación racial y reconocer a los africanos y a los “afro descendientes” (así llaman ahora estos simuladores a los haitianos), como parte de la sociedad dominicana. Es que se están volviendo locos. Que es lo que pretenden de nosotros, hacernos desaparecer como nación usando los supuestos derechos humanos de los haitianos en nuestro país para alcanzar ese objetivo. ¿Por que?

En otra parte del informe dicen: Que debemos adoptar estrategias amplias para combatir el racismo, incluyendo medidas específicas sobre la condición y protección de las personas de origen haitiano. Piden también colaborar con el gobierno de Haiti, para garantizar que los haitianos que viven en República Dominicana (no dicen si de manera legal o ilegal), tengan acceso adecuados a los mecanismos del registro civil (a cual registro), a fin de acreditar la ciudadanía haitiana (no dicen donde, si en Haiti o en República Dominicana), ni por que debemos hacerlo, cuando ellos (los que controlan la ONU) no lo hacen actualmente con los inmigrantes ilegales que viven en sus respectivos países.

Mas que de la ONU, esta locura es de los Estados Unidos, que tienen el control absoluto de ese organismo al servicio de sus intereses geopolíticos, usando el argumento de la violación de los derechos humanos de los haitianos en República Dominicana, para presionar los países a los cuales quieren imponerles sus políticas, cuando ese país no desea un determinado tipo de inmigrantes en su territorio y sean los países pequeños y débiles quienes los reciban en los suyos. Lo que el gobierno de Estados Unidos ignora, es que más temprano que tarde, la vara y los métodos que ellos utilizan hoy contra los demás (incluyéndonos a nosotros), les serán aplicados y lo sufrieran ellos también en el futuro. La haitianizacion no solo la sufriremos nosotros, también la sentirán ellos, cuando las condiciones y/o correlación de fuerzas lo permitan. En el largo plazo, los que tengan mayor capacidad de supervivencias serán los últimos en llegar al final de la historia. Anglosajones y judíos, no van a resistir las presiones que se van a producir en Estados Unidos, de parte de quienes no tienen nada que perder. No lo cree usted así Presidente Fernández, en caso de que su respuesta sea afirmativa, hágaselo saber a la Señora Hilary Clinton, la que le tiene mucho aprecio por atender e implementar las sugerencias que esa funcionaria le hace, en lo relativo a: Haiti – Honduras – Venezuela – Colombia.

PRESIDENTE CUIDESE, LO ESTAN PROBANDO.

PRESIDENTE CUIDESE, LO ESTAN PROBANDO.

Todos los dominicanos oímos o leímos las declaraciones dadas por el Presidente Fernández, oponiéndose al golpe de Estado en Honduras. De manera que resulta inexplicable, que habiéndose opuesto a ese golpe de Estado, se involucrara unos meses después, como abogado defensor del Estado Hondureño, para que los países que integran la O.E.A y la Comunidad Europea, reconocieran como Presidente “legitimo” de ese país al Sr. Porfirio Lobo, beneficiario directo del golpe de Estado que le permitió llegar al poder, en razón de que según el Presidente Fernández, éste había sido elegido “democráticamente”, en unas elecciones organizadas por los sectores de poder que habían hecho posible la destitución del Presidente Constitucional de Honduras el Presidente Zelaya, sin tomar en consideración lo que decía el Secretario de la O.E.A y/o los demás países miembros de un Organismo maleado que no estaban de acuerdo con la manera como fue elegido. La reacción Venezolana al apoyo y la defensa del Sr. Lobo fue: que echamos por la borda, la operación de compra por parte de Venezuela, del 40% de las acciones de la Refinería Dominicana de Petróleo, compra esta que era de interés nacional.

Como consecuencias del enfrentamiento entre los Presidentes Uribe y Chávez, la petición del Presidente Uribe al Presidente dominicano para que interviniera ante el Presidente Chávez, a fin de normalizar las relaciones entre Colombia y Venezuela, deterioradas desde hace tiempo por las acusaciones de Chávez contra Uribe, por el asunto de las bases militares Colombianas autorizadas para ser usadas por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, así como también, por las acusaciones de Uribe a Chávez, por el congelamiento del intercambio comercial entre Venezuela y Colombia, el cual perjudica a Colombia, según Uribe.

El resultado de esta última mediación parece que terminó no siendo del interés de Venezuela, especialmente después que las autoridades Venezolanas conocieron la imposibilidad de Uribe, de poder optar por una 2da postulación a la Presidencia de la República de Colombia. Razón por la cual el Presidente Fernández debió tener en cuenta, 1) el ritmo que tenia que imprimirle a dicha mediación, 2) el tiempo en que debía intentarla y 3) quienes serian los interlocutores con quienes debía hablar, para evitar que una mediación anticipada y a destiempo, pudiera ser interpretada como “interesada y en beneficio de una de las partes”.

Ahora, al Presidente Fernández se le ve también afectado por un problema indirecto, el que ocasionado por los promotores de una Torre construida en la calle Pedro Henríquez Ureña, los cuales parece que en España, además de tener problemas con la Justicia, ahora también los tienen aquí con la DNCD, debido a que esos promotores, valiéndose de amigos influyentes en el país, convencieron al Presidente Fernández de dar el 1er picazo de la obra e inaugurar una vez terminada la Torre construida, (supuestamente financiada con Recursos Externos, cuando los recursos eran nacionales), y lo que es aún peor, parece que esos promotores podrían resultar ser narcotraficantes y lavadores de dinero. De esta acusación tener fundamento, la pregunta que debemos hacernos es: Quién en el gobierno protege al Presidente para evitar que caiga en estas trampas, cuando existen mecanismos confiables, para investigar las inversiones y el origen de las mismas en cualquier país del mundo.

Presidente cuídese, especialmente de los amigos que están a su alrededor, pues lo van a meter en problemas y tendrá que dar después muchas explicaciones, sea como Presidente, que cuando deje de serlo.

ASOCIACION NACIONAL DE ELECTORES AL: LISTIN DIARIO, EL CARIBE, HOY, EL NACIONAL, DIARIO LIBRE Y EL DIA

ASOCIACION NACIONAL DE ELECTORES
Incorporada el 4 de julio de 1992
Decreto Nº. 220-92


Santo Domingo, D.N.
2 de Marzo de 2010


Señores Directores de:
Listin Diario
El Caribe
Hoy
El Nacional
Diario Libre y
El Día.


En el día de hoy 2 de Marzo del año 2010, apareció en casi todos nuestros periódicos de circulación nacional, una información, la que de manera resumida decía lo siguiente: “Hilary premiará a Sonia Pierre, activista dominicana de origen haitiano, defensora de los derechos de los emigrantes haitianos en la República Dominicana”.

Lo primero que debemos decir es, que esa señora es haitiana a todos los efectos de la constitución haitiana, de la constitución dominicana, del acuerdo de contratación de jornaleros temporeros haitianos de 1952 y/o 1966, y de nuestra ley de migración vigente al momento de su nacimiento.

No es dominicana de origen haitiano, porque para serlo debía cumplir con una de estas condiciones:
a) Que sus padres se nacionalizaran como ciudadanos dominicanos antes de su nacimiento en nuestro país.
b) Que ella al alcanzar la mayoría de edad se naturalizara como ciudadana dominicana, aún cuando se encontraba en el país de manera ilegal.
c) Cuando uno de sus padres sea dominicano, naciera o no en el país.

Como dijo en una oportunidad el actual Embajador Haitiano en el país el Sr. Fritz Cineas: “la señora Sonia Pierre (Solain Pie) es tan haitiana como yo”.

Los documentos de identificación dominicanos que posee esa señora, es decir: acta de nacimiento, cédula de identidad y pasaporte fueron obtenidos en el país de manera irregular, mediante fraude al momento de sus padres hacer la declaración de nacimiento, ya que su padre y madre eran haitianos y habían llegado al país en base al acuerdo de contratación de braceros temporeros haitianos, como establece un informe de la Junta Central Electoral, informe este, que por temor al gobierno de Estados Unidos, no fue asumido por nuestras autoridades, sino que se prefirió aceptar el fraude cometido. Esta realidad la conocen a la perfección las autoridades Estadounidenses, que insisten en mantener activos sus agentes en nuestro país.

Por que se insiste en mantener la nacionalidad dominicana a una mujer que está al servicio de los intereses geopolíticos de Estados Unidos en la Isla, pura y simplemente por miedo al imperio.


Atentamente

Por la Asociación Nacional de Electores
Luis Ventura S.

TENGO DERECHO A CONOCER LA VERDAD SOBRE LAS MUERTES DE LAS MIRABAL.

TENGO DERECHO A CONOCER LA VERDAD SOBRE LAS MUERTES DE LAS MIRABAL.


El jueves 25 de Febrero 2010, Angelita Trujillo de Domínguez intentó poner en circulación el libro: Trujillo, Mi Padre. Como era lógico suponer, a partir del momento en que se habló de poner en circulación ese libro, a nivel nacional se desataron una serie de enfrentamientos entre personas que acusan a Trujillo de muchas muertes entre ellas las de las Mirabal, y otras que si bien no lo defienden, desean saber y conocer toda la verdad sobre la forma como las mismas fueron ejecutadas, quien dio la orden, a quien se le dio, usando cuales canales, quienes la recibieron y ejecutaron, a quienes beneficiaban esas muertes, etc, etc.

Al momento de la muerte de las Mirabal, pesaban sobre la República Dominicanas las sanciones impuestas por la OEA, el gobierno de los Estados Unidos tenia en ejecución un plan para eliminar físicamente a Trujillo, toda vez que no fue posible convencer al Dictador para que abandonara el país y se fuera a vivir al exterior, como una manera de justificar las acciones que iban a emprender para expulsar a Fidel del poder, desactivando de ese modo la proliferación de regimenes de izquierda en Latinoamérica, para lo cual habían pensado empezar con Trujillo.

Sobre Trujillo se puede escribir mucho, tanto a favor como en contra, baste para ello, citar a dos de sus defensores: el Cardenal Francis Spelman y el Escritor Ecuatoriano Gerardo Gallegos, entre no pocos de los que defendieron a Trujillo y su régimen. Los que escribieron contra Trujillo fueron muchos más, dentro y fuera de nuestro país, sin importar las razones que las motivaban a escribir, en uno u otro sentido. Hay que leerlos todos.

Por que sobre un mismo personaje existen tantas opiniones, unas a favor y otras en contra, seria porque como decía Juan Bosch, no existen cosas malas que no tengan algo de bueno, ni buenas que no tengan algo de malo. Para José Marti, el sol no solo nos da su luz, sino que también tiene sombras, sin embargo para él lo importante era la luz. Personalmente desearía conocer todo sobre Trujillo; lo bueno, pero de manera especial lo malo, y dentro de lo malo, todo lo relativo a las muertes de las Hermanas Mirabal, de manera pues, que por el momento este es mi mayor interés.

Si los Estados Unidos estaban apoyando un grupo de dominicanos para matar a Trujillo, deseo conocer sin lugar a dudas, quienes eran esas personas, en que consistía su apoyo, como se comunicaban entre si, por que querían deshacerse de Trujillo en ese momento.

Dado que existía una trama para matar a Trujillo, cual papel le correspondía al General Pupo Román en ese proyecto, cual era la relación del General Román con Trujillo en lo personal, tenía poder el General Román para transmitirles órdenes directas al S.I.M, recibidos o no de Trujillo.

Como en los países a regimenes dictoriales tanto de derecha como de izquierda, los organismos de seguridad políticas solo reciben órdenes y están al servicio directo de los Dictadores, llámense estos: Mussalini, Stalin, Hitler o Trujillo. Era la República Dominicana la excepción, donde en esas cadenas de mandos, podían y estaban autorizados a dar ordenes para eliminar potenciales enemigos de esos regimenes, personas que no fuera el dictador en persona.

Quienes podían dentro de nuestra Fuerzas Armadas, dar órdenes de ese tipo a Johnny Abbes, a Candito Torres, Alicinio Peña. Ejecutaría Alicinio Peña una orden así, si no la recibía directamente de Trujillo, o de Trujillo a través de Jhonny Abbes, salvo que Alicinio sirviera, los mismos intereses a los que servia el General Pupo Román.

Estaba infiltrado y dirigido el S.I.M. por la CIA al momento de ejecutar la orden de matar las Mirabal, o fue que Alicinio Peña, una vez muerto Trujillo y el General Pupo Román, prefirió, en vez de involucrar la CIA en esa orden, atribuirla a que fue recibida de Pupo Román, quien la había recibido directamente de Trujillo, dejando sin explicación el hecho, de por que se alteraba la cadena de mandos establecida entre Trujillo y la Dirección del S.I.M.

Donde se encontraba Johnny Abbes al momento de ser ejecutadas las Hermanas Mirabal, durante su ausencia quien lo sustituía en la cadena de mandos del S.I.M. Por qué mientras Alicinio se fue a vivir a Estados Unidos, Johnny Abbes se fue a Haiti.

Cuando Alicinio y el grupo que ejecutó las Mirabal se fugaron de la prisión en 1965, donde se fueron a vivir, y en cual país estos se hicieron ciudadanos, Por qué no lo deportaron al país para esclarecer el crimen contra las Mirabal. Cuando Alicinio escribió un libro sobre esos hechos, a quien encubría, por que lo hacia, cuando lo hizo.

Todas estas son interrogantes, que yo creo que el pueblo dominicano debe saber y tener respuestas, ya que todos estamos obligados a explicar y responsabilizarnos por nuestras acciones, sean estas buenas o malas, y que no por dudar de las explicaciones dadas, se esta defendiendo como bueno el régimen de Trujillo, donde las cosas buenas no deben servir para justificar las malas, o es que acaso tenemos miedo de conocer la verdad, toda la verdad sobre el asesinato de las Mirabal.

Siendo honesto debo confesar, que me resulta difícil de aceptar la muerte de las Mirabal sin la intervención directa del gobierno de los Estados Unidos, interesados en ponerle fin al régimen de Trujillo en nuestro país, para lo cual utilizarían cualquier medio que le ayudara a facilitar el proyecto que habían diseñado, naturalmente esto no significa, que si es posible demostrar, que en la eliminación de Minerva ellos no tuvieron ninguna participación directa o indirecta, por muy terco que yo pueda ser, estoy en el deber de rendirme ante las evidencias y aceptar que fue Trujillo quien dio la orden para matarla, ignorando los problemas que tenia con la OEA, las sanciones impuestas, los acusiantes problemas que tenia con la iglesia, el enfrentamiento no disimulado que existía con el gobierno de Estados Unidos y una rebelión que estaba calando entre la juventud, y frente a todos estos problemas, el jefe prefirió elegir el problema menor que tenia el régimen en ese momento, el cual iba a justificar por demás, la necesidad de eliminarlo cuanto antes y a como diera lugar, ya que, como estaba siendo incapaz de razonar lógicamente, se había vuelto loco, ordenando matar mujeres, en un país que no estaba acostumbrado a este tipo de crímenes por razones políticas. Por todas estas dudas, desearía tener respuestas aceptables y convincentes que puedan satisfacer estas interrogantes, como parte de nuestra historia.



Luís Ventura